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Afectaciones del Covid-19 a jóvenes tutelados y extutelados: ámbito economía y vivienda

El mercado laboral

Las dificultades de acceso a una vivienda asequible, la precarización del mercado laboral, los obstáculos administrativos de la mano de la Ley de extranjería o la exclusión social enquistada conllevan que, cada día, sean más las personas que se ven abocadas a vivir en la calle o en infrahaviviendas (Sales, 2019).

Dentro de este escenario, ahora le sumamos un nuevo invitado: el COVID-19 y todas aquellas crisis sociales que causará; todos aquellos factores que dificultan, también, el camino de la juventud tutelada y extutelada para la consecución y construcción de su proyecto de emancipación.

Gráficos con números rojos, flechas que ilustran caídas y demás indicadores visuales hablan de la paralizacióin y caída económica que estamos viviendo estas semanas, en un contexto de partida ya socialmente y económicamente fracturado por una desigualdad que va en incremento. En Cataluña, un 12,2% de las personas que trabajan son pobres y el 87,1% de los nuevos contratos son temporales (INSOCAT, 2019). Tener un trabajo remunerado, por tanto, no es garantía para salir adelante, y no hablamos de no tener trabajo: los datos del paro se van engrasando con fuerza estas semanas, y muchas otras personas tienen una situación administrativa irregular y no disponen del permiso de trabajo. Estas últimas aún tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, son personas abocadas a un ciclo que solamente puede acabar cuando aparecen oportunidades.

 

El acceso a la vivienda

Un ciclo también difícil de evitar es el panorama de acceso a una vivienda asequible. Por un lado, desde el año 2013, el precio del alquiler en Barcelona ha subido un 36,4% y ha llegado en 2018 a un máximo histórico de 929,6 euros mensuales de media (Diàlegs d’Habitatge, 2019). Por otro lado, en los últimos años, la situación de sinhogarismo en la ciudad de Barcelona ha cambiado, los datos nos muestran que la edad de las personas sin hogar ha bajado: alrededor de un 17,9% de la población sin hogar es población joven (18-30 años) y un 18,3%, menores de edad (de Inés, Guijarro, Tello i Sales, 2017).

Los datos son alarmantes. Nos indican que los recursos y oportunidades para la transición hacia la emancipación son claramente insuficientes. Consolidar su vivienda ha sido y es un gran reto para la juventud extutelada. Ahora, con la crisis económica, el camino se hace cuesta arriba y la carrera de fondo hacia la emancipación se les complica.

Después del primer mes de confinamiento, sabemos que los jóvenes que acompañamos y viven en proyectos de vivienda social han mantenido los ingresos y la situación en su vivienda gracias al apoyo de las entidades. Pero, por otro lado, aquellos que ya han iniciado su emancipación por cuenta propia, ha visto claramente reducidos sus ingresos debido a los cambios y la precariedad en el ámbito laboral así como, también, los jóvenes que están pendientes de finalizar su estada en centros o en pisos asistidos y que tiene que hacer frente a la emancipación por cuenta propia, ve que la incertidumbre sobre su futuro se hace más grande. En estos casos, la estabilidad y viabilidad de su trayectoria de emancipación se está viendo afectada, aumentando su vulnerabilidad social. Todos estos casos representan un tercio de la juventud que participa en Punt.

 

 

 

 

Les consecuencias para la juventud tutelada y extutelada. 

  • La rotura de la trayectoria iniciada. Cuando el derecho a la vivienda no está garantizada, las energías, las estrategias y las acciones se orientan principalmente a poder estabilizar, dentro de la emergencia, a la situación de vivienda del/la joven, ya que sin un espacio donde descansar y sentirse segura es difícil hacer frente a otros retos de la emancipación con garantías. Aún y así, a menudo hacen un esfuerzo y hacen frente a procesos formativos o de inserción laboral mientras la situación de vivienda es una incertidumbre.

 

  • El incremento del riesgo de situaciones de sinhogarismo se ve agravada por la dificultad del acceso a una vivienda, los precios del alquiler y, en algunos casos, por el racismo presente en nuestra sociedad, y también por la inestabilidad o disminución de ingresos económicos actuales. “El sinhogarismo durante la juventud puede suponer romper la transición y la construcción del proyecto vital propio, y es especialmente importante prevenirlo y evitar su cronificación” (De Inés i altres, 2019:5).

 

  • El incremento de malestar psicosocial. Diversos estudios (De Inés i altres, 2019) muestran como la desigualdad estructural de acceso a la vivienda y a ingresos estables facilita el desarrollo o cronificación de malestares psicosociales y problemas de salud mental; como estado depresivos, de ansiedad, consumo de sustancias y afectaciones al desarrollo cognitivo. A estos factores, se suma el ritmo y exigencias del contexto para recuperar la estabilidad en la trayectoria de emancipación y la frustración que puede generar la precariedad de las oportunidades planteadas. Sabemos que la salud emocional y mental no es solamente un fenómeno individual sino también sociopolítico; formar parte de la comunidad y contribuir en ella, es un factor esencial. Tener o no tener una vivienda no es un lujo, es un derecho fundamental. Es tener un refugio donde poder descansar, donde poder cuidarse y mejorar la salud, donde sentirse segura y parte de la comunidad. Como afirman los propios jóvenes, el mantenimiento y creación de vínculos afectivos y sociales creados en espacios de proximidad y seguridad es un factor de protección (De Inés i altres, 2019). Un espacio  base que permite hacer frente a retos.

 

En Punt de Referència acompañamos a los chicos y chicas buscando el factor de protección a partir del vínculo afectivo; fomentando el reconocimiento, el sentimiento de pertenencia, los lazos que construyen una red de apoyo o que son fuente de bienestar personal y de apertura de nuevas oportunidades.  Aún y así, es imprescindible que esto esté acompañado de un avance en las políticas que hagan frente a situaciones de sinhogarismo, atendiendo la diversidad de las problemáticas y las necesidades y apostando por la promoción del acceso a un alquiler asequible y social. Y en el caso de la juventud migrante, es necesario que la Administración apueste por su regularización administrativa por un sentido humanitario y no como herramienta de instrumentalización según las necesidades del mercado. Dando estos pasos, muchas personas podrían tener un trabajo y una vivienda para seguir adelante y con garantías hacia su emancipación.

 

Artículo de Laura Terradas, coordinadora de Programas y Marta Roda, técnica del proyecto GR16-18

 

 

 

Referencias bibliográficas

 

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